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Apartado objetivos de AESANEl presidente de la Cámara Agraria de Pontevedra analizó con Seguridad Alimentaria los transgénicos en piensos

04/05/2004

Pontevedra, Europa Press

El presidente de la Cámara Agraria de Pontevedra, Román Santalla, se entrevistó en Madrid con la responsable de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Maria Neira González, con quien analizó la nueva legislación que obliga al etiquetado de los productos elaborados con transgénicos, el certificado veterinario y la retirada de la columna vertebral a los animales mayores de 12 meses.

Santalla señaló que se trata del primer encuentro institucional entre ambas entidades tras la presencia de Maria Neira en la presentación de la revista dedicada precisamente a la seguridad alimentaria con la que la Cámara Agraria celebró su vigésimo aniversario.

Román Santalla señaló tras el encuentro que los ganaderos y agricultores están preocupados por la incidencia de la importación de soja transgénica procedente en su mayoría de Argentina, Brasil y Estados Unidos, una actividad que experimentó un gran crecimiento a raíz de la prohibición de los piensos cárnicos.

El presidente de la Cámara puso de manifiesto la importancia económica de esta industria "por la presión de las multinacionales que tienen el monopolio".
Tras la entrada en vigor del nuevo decreto comunitario los criadores de ganado sabrán obligatoriamente si alimentan sus reses con piensos en cuya elaboración se utilizan productos transgénicos.


Román Santalla explicó que el interés de los ganaderos es "darles el máximo de alimentos naturales" en beneficio del consumidor, aunque los responsables de la Agencia le trasladaron las conclusiones de estudios según los cuales este factor "no repercute en el animal".


Con respecto al certificado veterinario, Santalla demandó ante Maria Neira la necesidad de realizar estudios científicos "post-mortem" de los animales sacrificados, al entender que los actuales análisis "aportan poco". El presidente de la Cámara Agraria de Pontevedra reconoció que esta medida supondría un "coste económico importante", pero lo justificó porque "da más seguridad y tranquilidad a los consumidores europeos".